Unión, Progreso y Democracia ha presentado en el pleno de junio de San Pedro del Pinatar una moción que pedía la realización de un concurso de ideas entre los trabajadores públicos. La razón de ser de esta propuesta es la participación más activa de los empleados del Ayuntamiento en las decisiones que se toman en el mismo, mediante propuestas de ahorro, ideas innovadoras, eliminación de procesos innecesarios, etc. El concejal de UPyD José Luis Ros dejó claro que "hablamos de la participación de los ciudadanos en la Administración y en esa línea han ido muchas mociones de UPyD, pero también es importante escuchar a los de dentro, a nuestros trabajadores que son los que mejor conocen los ladrillos y las bombillas de esta institución y los que atienden directamente a los ciudadanos". Sin embargo, PP y PSOE desprestigiaron la propuesta y la rechazaron.
En este sentido, el portavoz de la formación magenta en San Pedro del Pinatar ha indicado que "los recursos humanos son vistos como el principal valor de las empresas actualmente", y la gestión de los mismos cada vez tiene que implicarlos y escucharlos más, algo que es un conocimiento aplicable a las administraciones y que "no sucede en el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar", donde se les ve simplemente como el brazo ejecutor de las decisiones políticas. No se trata en absoluto de que los funcionarios opinen políticamente, "sino de que aporten su opinión técnica sobre mejoras en el Ayuntamiento que excedan de su propio puesto de trabajo". El concejal de UPyD manifestó que la moción partió de peticiones de los propios trabajadores puesto que "desde UPyD hemos hablado con la mayoría de los 381 empleados del Ayuntamiento y éstos nos han trasladado que no se les escucha y que tienen ideas útiles e innovadoras que aportar".
Asimismo, José Luis Ros además manifestó en el Pleno que en San Pedro sus gobiernos siempre han pensado que eran "lo más importante del Ayuntamiento, después los trabajadores y, por último, los ciudadanos". Sin embargo, la gestión pública del siglo XXI, "abierta, transparente y participativa", pone primero a los ciudadanos y después a los trabajadores públicos que "son los encargados de asegurar los derechos y servicios a los ciudadanos", y, al final de la cadena, está el Gobierno y los concejales que "son los encargados de hacer llegar las reivindicaciones de los ciudadanos a los empleados públicos para que las lleven a cabo. Hay que poner en el centro de atención a los ciudadanos y no a los políticos"
