Unión, Progreso y Democracia sacó adelante una moción en el último pleno del mes de septiembre de apoyo al Orden Constitucional en el País Vasco, por la reciente incursión de la izquierda abertzale en las elecciones del pasado 22 de mayo. Esta marca política, BILDU, ha impedido la entrada a los plenos a escoltas de concejales amenazados por ETA y ha retirado la bandera española de múltiples ayuntamientos, lo que supone “una falta al orden constitucional muy grave”, en palabras del concejal José Luis Ros de UPyD.
Apoyar la moción, según Ros, era “una obligación moral para PP y PSOE”, en apoyo a los concejales que sufren la presión de BILDU y en apoyo a las víctimas del terrorismo, además de “una oportunidad para el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar”. No obstante, el Partido Socialista decidió abstenerse en dicha votación, utilizando argumentos tan absurdos como que la moción, que lo único que hace es apoyar a los concejales y pedir que se respete la bandera española, le recordaba al alzamiento nacional. Para UPyD es bochornosa dicha comparación y le pide al Señor José María García que la retire “por sentido del ridículo”.
Esta moción es un logro importante ya que es la primera moción presentada por la oposición que es aprobada en esta legislatura. Por ello, UPyD agradece a PP y DPi su talante dialogante y de respeto por una problemática muy seria, como es la de los derechos civiles y políticos en el País Vasco. Y recalca su incomprensión hacia la actitud del PSOE, que demuestra que su ejecutiva local no tiene muy claro en qué partido está, cuando dirigentes con mucha más solera de socialistas, como Jaime Lissavetzky, portavoz del PSOE en el Ayto. de Madrid, han votado a favor de la misma moción.
Además, UPyD San Pedro del Pinatar hace patente su rechazo político a BILDU, pese a que esté autorizado por el Tribunal Constitucional a estar en los ayuntamientos, porque este partido no ha roto con ETA. Para UPyD, la presencia de BILDU es legal, pero no legítima democráticamente, ya que no respeta los derechos de todos los ciudadanos y menos aún los de las víctimas del terrorismo.